El Gobierno pisa el acelerador para reglamentar la reforma laboral, con la mira puesta en oficializarla a lo largo de abril, en un contexto atravesado por amparos que frenaron parte de su implementación. El Ejecutivo ya activó el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 27.802, sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero.

Desde la Casa Rosada transmiten una señal clara: no habrá marcha atrás en el contenido de la norma. En el oficialismo aseguran que no se introducirán modificaciones sustanciales a raíz de las presentaciones judiciales, aunque admiten que la reglamentación buscará reforzar aquellos puntos que quedaron más expuestos a cuestionamientos.

La estrategia legal se diseña de manera coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica. El objetivo es concentrar la mayor cantidad de causas en el fuero Contencioso Administrativo y, si es necesario, llevar la discusión hasta la Corte Suprema. “Se busca ordenar y unificar los procesos para responder de manera articulada en todos los frentes donde aparezcan denuncias”, explican en despachos oficiales.

El proceso de reglamentación involucra a las áreas de Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Luego, los expedientes pasan a Legal y Técnica, donde se consolida el texto definitivo que será publicado en el Boletín Oficial. El rol de ARCA resulta clave, ya que la ley le asigna funciones específicas en materia de registración laboral y en la implementación de obligaciones de seguridad social.

En ese marco, el nuevo artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo deja en manos de la reglamentación la definición de sistemas de pago para prestaciones sin relación de dependencia. A su vez, el artículo 52 delega en ARCA la normativa de registración, mientras que el artículo 92 ter establece que las prestaciones de seguridad social para contratos a tiempo parcial deberán definirse por vía reglamentaria.

Uno de los focos principales está puesto en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Dentro del oficialismo reconocen que su reglamentación es prioritaria y analizan alternativas para su destino, que podrían incluir tanto colocaciones del Tesoro como otras opciones de inversión.

La aceleración del decreto también se inscribe en una estrategia más amplia vinculada al frente judicial laboral. El Gobierno busca sostener el acuerdo de transferencia de competencias laborales desde la órbita nacional hacia la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que esa estructura forma parte del andamiaje institucional para encarar la disputa judicial en torno a la reforma.

En definitiva, el Ejecutivo apuesta a que el decreto reglamentario funcione como un resguardo técnico en dos aspectos centrales: la aplicación de la ley sobre relaciones laborales ya existentes y la puesta en marcha de los nuevos mecanismos previstos. En la mayoría de los despachos oficiales dan por hecho que la definición final del conflicto terminará en la Corte Suprema.